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Por El Espectador
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| Según cálculos de ANIF, las protestas le costaron a la economía del país $1,8 billones el año pasado. / Andrés Torres |
Convocados por las dignidades agropecuarias saldrían de nuevo el 28 de abril a reclamarle al Gobierno que cumpla con lo prometido tras las protestas de 2013.
En vísperas de las elecciones presidenciales del 25 de mayo, entre las dignidades agropecuarias del país —que protagonizaron las protestas de febrero y agosto del año pasado— ya se ha comenzado a hablar de convocar a diferentes sectores campesinos a un nuevo paro del sector. La fecha que se baraja, por ahora, es el lunes 28 de abril.
César Pachón Achury, representante del movimiento Dignidad Agropecuaria, contó que este fin de semana habrá una reunión de algunos representantes del sector agropecuario que firmaron pactos con el Gobierno tras la disolución de los paros del año pasado. “Estábamos esperando que pasaran las elecciones. A ningún sector que haya hecho acuerdos con el Gobierno le han cumplido. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y las federaciones siempre han tratado de direccionar las políticas”, dijo.
Por lo pronto, según Pachón, no se descarta que a productores agropecuarios como paperos, lecheros y arroceros, que saldrían a protestar a las carreteras del país, se les sumen integrantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos de la región del Catatumbo (Norte de Santander), quienes en 2013 protagonizaron un paro que duró más de 50 días y que dejó desabastecidos a municipios como Ocaña. “Acá, entre gremios y Gobierno se echan la culpa. La crisis del agro los ha llevado a pelear entre ellos”.
Luego de que los gremios del agro manifestaron al presidente Juan Manuel Santos sus preocupaciones por la situación del sector y del proceso de paz, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, dejó como tarea en su lista hablar con cada uno de los representantes de los sectores para conocer sus dificultades.
Frente a la consolidación de un posible paro en el sector agropecuario, el presidente de la SAC, Rafael Mejía López, consideró negativo para la economía que se hagan efectivas nuevas protestas. “Hay que mirar las causas de lo que vive el sector. Están forzando a que se haga algo que no se debe. Acá existe un trasfondo político, no me cabe duda”.
Aunque existen rumores que apuntan a una salida de Mejía de la presidencia de la SAC en medio de una situación que la mayoría de gremios consideran crítica, el dirigente manifestó que, tras la reunión con Santos y sus ministros, la junta directiva de la SAC le dio su respaldo para seguir al mando de la agremiación. “No hay divisiones; acá existen diferentes posiciones. Lo que viene después de esto son reuniones bilaterales y transversales”, explicó Mejía, quien tiene también como tarea la puesta en marcha de la misión rural, junto al exministro José Antonio Ocampo y la directora del Departamento Nacional de Planeación, Tatyana Orozco.
“Esperamos que con este llamado de atención sean más rápidas las decisiones del Ministerio de Agricultura. Es importante establecer una política agropecuaria; sin embargo, deben existir políticas de corto plazo para ayudar a los sectores. La posición de los gremios no es motivar paros y el sector tiene que entender que hay momentos de diálogo. Mientras el presidente nos atienda, evitaremos estas cosas”, comentó el presidente de la Federación Nacional de Productores de Papa (Fedepapa), Alejandro Estévez.
“César Pachón no tiene por qué tomarse la vocería de los arroceros; no tiene la autoridad moral para hacerlo. Segundo, Fedearroz no está interesada en participar en paros. Le pedimos al Gobierno que atienda las solicitudes hechas”, señaló el presidente de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), Rafael Hernández Lozano, quien reiteró que lo importante para el sector es enfocarse en ser más productivo y competitivo.
En lo corrido de 2013, de acuerdo con un reciente documento de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), los paros (entre ellos los del café, agro en general, carbón, minería y transporte) le pasaron una cuenta de cobro a la economía de $1,8 billones, monto que equivale a 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB).
hsandoval@elespectador.com
@hector_sandoval
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